Julio 7 del 2009.- El secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender al Estado mexicano acusado de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1974.
No había forma de defenderlo y todo el Gabinete de Seguridad lo sabía, pero tampoco había forma de apoyar el retiro del fuero militar en circunstancias particulares. Las Fuerzas Armadas habían sido comisionadas a combatir el narcotráfico sin ninguna garantía, ni ninguna protección. Hacerlo, se pensaba en ese momento, implicaba someterlas a los tribunales civiles cuyos procesos eran mucho más largos que los de los tribunales especializados. En estos últimos había, además, mayor conocimiento sobre la labor, la disciplina y la línea de mando castrense.
El discurso del secretario se publicó durante varios días; el mensaje fue cambiando de tono y de dimensiones. Fue revisado en sus sensibilidades y en sus equilibrios; fue evaluado en su objetivo y en su necesidad. Fue leído y releído por los consejeros del más alto nivel dentro del Estado mexicano: secretarios y subsecretarios de todas las secretarías pertinentes.
La sentencia de la Corte, como se esperaba antes de la comparecencia, implicó la suspensión del fuero militar en todos los casos en donde estuviera involucrado un civil. En estos años se ha reformado el Código Militar y la sentencia ha sido acatada.
Este 16 de noviembre empezaron las audiencias a víctimas de tortura y violencia sexual por parte de cuerpos policiacos en San Salvador Atenco en 2006. Los escalofriantes testimonios recuentan una y otra vez de los golpes, de los abusos; de los charcos de sangre, del manejo de personas como si fueran cuerpos en un campo de concentración; de los tocamientos, de las violaciones cometidas impunemente por parte de miembros de diferentes cuerpos policiacos en contra de mujeres que se encontraban, por las más diversas razones, en la comunidad.
Las víctimas piden reparación, cuando se le pregunta a Norma Aidee Jiménez Osorio, una de las mujeres que ha tenido la fuerza y el valor de declarar frente a la Corte, en qué consistiría una reparación satisfactoria, contesta: “¿La verdad? Poder esclarecer lo que ocurrió. Que pudiera ser de conocimiento general en el país donde vivo. Fuimos señaladas y estigmatizadas, y nos llamaron mentirosas y todo este tiempo hemos defendido la verdad”.
En un intento por contribuir a esta reparación y dar conocimiento a estas verdades, retomo alguno de sus testimonios, así como los de Bárbara Italia Méndez Moreno, otra de las valientes víctimas que piden reparación a la CIDH.
“Comenzó pues lo que para mí representa el infierno”, relata Bárbara: “arrancaron mi ropa interior, mi brassiere, mi pantaleta (…). Comenzaron los golpes, los apretones en los senos, la succión con la boca en diferentes partes de mi cuerpo (…) alguien gritó haciendo un llamado a que vinieran a probar, ‘vengan a calar a esta puta’, mientras introducían sus dedos dentro de mi vagina. Comenzaron a golpearme con toletes. Para entonces estaba semidesnuda”.
“Se ríe y me dice que si me duele mucho…Me aprieta los glúteos, me pellizca, me dice que si eso sí lo siento. Obviamente no le contesto. (…) Con sus dedos me penetra en el ano y en la vagina”, declara Norma Aidee.
Los representantes del Estado mexicano son unos jovencitos que consideraron pertinente tomarse y publicar un día antes, una selfie celebratoria de su presencia en Costa Rica. No parecen tener sensibilidad en sus preguntas, no parecieran estar escuchando los conmovedores y aterradores testimonios. Sus preguntas son cuestionadas en su pertinencia, incluso, por los jueces de la Corte.
Me cuestiono si el Estado mexicano tuvo alguna estrategia coordinada en sus secretarías, con asesores del más alto nivel. El mismo Presidente de la República esta semana, justo esta semana, consideró adecuado calificar como bullying las críticas que se hacen a la labor de los cuerpos policiacos. Me da la impresión de que el gobierno mexicano no está entendiendo que validar la frustración y el enojo ciudadano es el primer paso para la reparación del país.
*Experta en Discurso Político.
Directora de Discurseros SC.
